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El peso de un segundo: la cruda realidad de quien causa una muerte en el asfalto
Kuvaus
Eduardo Sánchez rompe el silencio y narra en primera persona el calvario, el paso por prisión y los siete años de terapia tras provocar un choque mortal bajo los efectos del THC y el cansancio. Para la opinión pública, el causante de un siniestro vial mortal suele ser un personaje plano, una fría silueta en un expediente judicial o un titular de sucesos. Sin embargo, cuando la condena penal se extingue, queda un ser humano que debe convivir el resto de sus días con la certeza de haber segado una vida inocente. Eduardo Sánchez, transportista que en el año 2017 provocó una colisión frontal letal, ha decidido dar un paso al frente de la mano de la asociación de víctimas P(A)T para contar lo que ocurre en el lado más oscuro de la carretera. Su relato no busca la autoexculpación, sino lanzar una advertencia desesperada a una sociedad que a diario normaliza pequeñas imprudencias al volante. La bomba de relojería: THC, fatiga y asfalto En junio de 2017, Eduardo se dedicaba profesionalmente al transporte por carretera. Consumidor habitual de marihuana, asumió una ruta de larga distancia entre Barcelona y Jaén sin haber descansado lo suficiente. En el trayecto de vuelta, la combinación de sustancias, el cansancio acumulado y las horas de conducción ininterrumpida actuaron como una bomba de tiempo. A la altura de Castellón, el vehículo de Eduardo invadió el carril contrario y chocó de frente contra un turismo. El conductor del vehículo contrario falleció en el acto, dejando a una niña huérfana de padre. «Fui consciente de que no había marcha atrás en el momento en que me evacuaban las unidades de emergencia y escuché que había un fallecido en el acto. Te quedas en shock. Todo te da vueltas, te cuestionas absolutamente todo como ser humano», relata Eduardo con una voz quebrada por el peso de los años. La justicia penal actuó con firmeza. Eduardo fue condenado por un delito de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad vial a una pena de 2 años y 7 meses de prisión, junto a la privación del derecho a conducir durante 6 años La paradoja de la celda y la herida familiar El 19 de diciembre de 2019, Eduardo cruzaba el umbral de la prisión para cumplir su condena, enfrentándose de inmediato al aislamiento de la pandemia de la COVID-19, que canceló temporalmente sus permisos de salida. Pero más allá de la pérdida de libertad física, lo que verdaderamente devastó el entorno de Eduardo fue el impacto colateral en su propia familia. «La cárcel es un proceso duro. Es ver los primeros pasos de tu hija pequeña a través de un cristal de comunicaciones en el locutorio. Es que tu hijo mayor te confiese, tiempo después, que el principal recuerdo que conserva de su infancia es el estremecedor sonido metálico de las puertas de la prisión cerrándose tras de ti al ir a visitarte», confiesa. Para Eduardo, la prisión fue un trámite civil, pero no el espacio de curación o reinserción real. El verdadero trabajo de reconstrucción moral requirió 7 años de terapia psicológica intensiva para tratar un cuadro severo de estrés postraumático y aprender a digerir la culpa. Durante años, Eduardo fue incapaz de pronunciar una sola palabra sobre el accidente sin romper a llorar o verse desbordado por la angustia. El muro legal frente a la necesidad de pedir perdón Uno de los puntos más críticos del testimonio de Eduardo coincide con el análisis del informe Vías Restaurativas de la Cátedra Ethos: el sistemático veto de los abogados al contacto humano. Eduardo sentía la necesidad moral e imperiosa de pedir perdón de corazón a la familia afectada. Sin embargo, la rígida estrategia de la abogacía de ambas partes desaconsejó y prohibió taxativamente cualquier acercamiento antes y durante el juicio penal para no perjudicar los intereses del proceso. «Nos cruzamos miradas en el pasillo del juzgado. Obviamente me deseaban todos los males del mundo y que me pudriera en la cárcel. Yo quería pedirles perdón, pero no hubo manera. Hasta que no conocí la asociación de víctimas y el documental de justicia restaurativa, nadie me había informado de que existía un proceso amparado por la ley que permitía ese espacio de entendimiento humano», explica Eduardo. De infractor a voluntario: sanar ayudando Tras cumplir su condena de privación de libertad y finalizar el periodo de 6 años de retirada de carné, Eduardo acudió a un curso de sensibilización y reeducación vial para recuperar su permiso por motivos laborales. Allí conoció a Enrique Rodríguez, presidente de la sección de afectados de P(A)T y padre de Iván, un joven fallecido en carretera. Aquel encuentro cambió el rumbo de su vida. Apoyado por su psicólogo terapeuta, Eduardo decidió unirse activamente a la asociación de víctimas como voluntario. Hoy en día, se sienta de forma regular ante aulas llenas de conductores que han perdido sus puntos para decirles cara a cara: «Yo también pensaba que no me iba a pasar nada por fumarme un porrito o ir cansado». Su testimonio, desprovisto de tecnicismos y cargado de una cruda honestidad, desarma a los infractores más reacios a asumir sus responsabilidades. Para Eduardo, este compromiso activo es la única forma de "pagar" una deuda moral que las indemnizaciones de las aseguradoras y los años de celda jamás podrán saldar. El objetivo es que nadie más tenga que vivir con la insoportable certeza de haber arrebatado una vida en la carretera.
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