La Fuerza de la Verdad
La decisión judicial se produjo tras una demanda presentada por Luis Alonso Colmenares Rodríguez, quien argumentó que el Concejo se extralimitó al delegar una función que la Constitución reserva exclusivamente a las corporaciones públicas de elección popular. El acuerdo autorizaba a la mandataria municipal para realizar créditos, contracréditos, adiciones presupuestales y crear nuevos rubros mediante actos administrativos, sin necesidad de acudir nuevamente al Concejo para cada modificación. Sin embargo, el juzgado concluyó que esta facultad vulnera los artículos 313, 345, 352 y 353 de la Constitución Política, así como el principio de legalidad del presupuesto, según el cual las decisiones que impliquen cambios en los gastos públicos y en la destinación de los recursos deben ser discutidas y aprobadas por el Concejo Municipal.
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