Empresas y Derechos Humanos

Derechos Digitales y Brecha Digital en México

La brecha digital en México se manifiesta en el acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), afectando el desarrollo educativo, económico y social del país. A pesar de los avances en cobertura de internet y telefonía móvil, persisten profundas diferencias entre regiones, zonas urbanas y rurales, niveles socioeconómicos y grupos de población. La pandemia de COVID-19 ha profundizado estas desigualdades, haciendo aún más visible la exclusión de quienes carecen de dispositivos y conectividad para participar en actividades escolares, laborales y sociales.

Normalización de la violencia y reducción del espacio cívico, detonadores de violaciones sistemáticas a los DDHH.

Normalización de la violencia y reducción del espacio cívico, detonadores de violaciones sistemáticas a los DDHH.

Derecho a heredar por personas cuidadoras

En una resolución sin precedentes que transforma el panorama de la seguridad social en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó las reglas vigentes para acceder a una pensión por fallecimiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A partir de esta disposición, las personas que hayan ejercido funciones de cuidado, crianza o asistencia hacia un asegurado fallecido podrán solicitar esta prestación económica, rompiendo con el estricto candado que limitaba este derecho únicamente a familiares con parentesco biológico o legal directo.

Adultocentrismo

En nuestra sociedad prevalece el adultocentrismo como una visión estructurada del mundo, diseñada y centrada exclusivamente en los intereses, valores y perspectivas de las personas adultas. Esta mirada jerárquica no es inofensiva: funciona como un filtro cultural que subordina de manera sistemática las opiniones, necesidades y derechos de niños y niñas a las decisiones y normas impuestas de manera unilateral por los adultos.

Infancias y Adolescencias

Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y los Estados deben garantizar su protección, mientras que las víctimas deben tener acceso a mecanismos efectivos de reparación.