Dossier Negro

En la primavera de 2012, la Audiencia Provincial de Las Palmas, se abre para juzgar a los responsables de un grupo de profesores de kárate que han estado abusando de alumnos menores durante años. El gurú de este grupo con trazas de secta sexual es el gran campeón Fernando Torres Baena. El desarrollo de las vistas, con los sobrecogedores relatos de las víctimas, se verá influido por la capacidad de Torres Baena de seguir controlando y manipulando la voluntad de los otros implicados, algo que conseguirá incluso a distancia. Eso conducirá a un final de sesiones plagado de tensión.

En enero de 2010, una adolescente de 15 años y su madre acudieron a comisaría a denunciar que en el gimnasio donde la menor practicaba kárate se estaba abusando sexualmente de algunos de los alumnos menores de edad.   La policía le dio plena credibilidad a la testigo, que a la vez era una víctima de tales agresiones, y puso en marcha una investigación. El dueño del centro de artes marciales era el gran campeón de kárate, con responsabilidades en la federación canaria y la española, Fernando Torres Baena. Tras muy pocas entrevistas con otros alumnos, los investigadores descubrieron que las agresiones sexuales llevaban produciéndose desde hacía muchos años y afectaban a decenas de menores. Había otros monitores del gimnasio también implicados en las orgías con alumnos. El número de víctimas no dejó de crecer y crecer.

El uno de marzo de 1997, la pareja de amigos formada por Antonio Navarro y Fernando Domínguez salieron de Zaragoza en coche para llegar a Soria donde pretendían atracar un centro comercial. Ambos iban armados, uno con un revólver y el otro con una pistola. Una vez en la capital soriana secuestraron a un taxista. Querían llegar al supermercado en un coche que no fuera el suyo. Ese fue el primero error, la primera torpeza que conduciría a una cadena de desgracias. Los atracadores aficionados le dijeron al chófer que eran terroristas de ETA. Cuando el conductor fue liberado y pudo contactar con la Guardia Civil, se desplegó un gigantesco operativo. Sin cumplir el objetivo de atracar el centro comercial y habiendo dejado abandonado en un paraje solitario al taxista secuestrado, iniciaron una huida a pie. Se toparon entonces con una pareja de guardias civiles. Domínguez, que acabaría siendo bautizado por los medios de comunicación como el Rambo de Soria, tiroteó a los agentes dando muerte a uno e hiriendo al segundo. En la refriega, su compinche, Navarro, también resultó herido, solo que poco después acabó también muerto. Entonces, Domínguez huyó al monte dejando tras de sí un rastro de muerte. Se inició la caza del hombre.

Los vigilantes del pantano de Cubillas descubrieron la mañana del 2 de marzo de 2006 el cadáver de una joven flotando en aquellas aguas. Muy pronto se supo que la víctima era Beatriz Collado Ramírez, de 27 años, cuya familia había denunciado la noche anterior su desaparición en extrañas circunstancias. El rastreo de su teléfono móvil, que había desaparecido tras su asesinato, permitió localizar a la persona que lo portaba. Era la pareja de un carpintero con una larga lista de antecedentes penales. Cuando la policía preguntó a esta mujer de dónde había sacado el terminal, dijo que había sido un regalo de su compañero sentimental, José Molero. Los ojos de los investigadores se posaron entonces en él, que dio unas explicaciones muy poco convincentes a la policía.

El sumario por la muerte de tres novilleros acribillados a tiros en una finca de reses bravas de Cieza una noche de 1990 deparó diversas sorpresas inquietantes Hubo un segundo tirador en el cruce de caminos donde los aspirantes a toreros fueron abatidos, pero ninguno de los dos principales acusados, y luego condenados, quiso dar el nombre de ese escopetero. Han guardado para siempre ese secreto cómplice. Las sospechas se centraron en el pastor José Yepes Saorín, padre de uno de los inculpados y hombre de confianza del otro, el dueño de la finca ganadera donde se produjo la matanza. Algunos creen que no delataron al segundo tirador por miedo. Además del dolor por saber que un asesino había salido impune, las familias de las víctimas se vieron obligadas a soportar un retraso judicial que les llevó a percibir las correspondientes indemnizaciones pasados 27 años de la emboscada mortal en Charco Lentisco.