EPISODIO 1 El Alquiler Urbano A Examen: Leyes 2024-2025.

EPISODIO 4 Pronóstico del precio de la vivienda en España 2026.

Hacemos un exhaustivo análisis del mercado inmobiliario español proyectado hasta 2026, basándose en informes de instituciones como BBVA y Bankinter, junto con opiniones de expertos e inversores. El consenso general apunta a un crecimiento continuo pero moderado en los precios de venta de viviendas, estimando aumentos del 4% al 7% para 2026, impulsados por una fuerte demanda (empleo y migración) y una persistente escasez de oferta. Sin embargo, los precios de alquiler están experimentando una presión alcista mucho mayor, con aumentos que han superado el crecimiento de las ventas desde 2019, exacerbando los problemas de asequibilidad para los compradores jóvenes. El análisis también destaca las disparidades regionales y el debate vibrante entre perspectivas alcistas y bajistas, enfatizando la necesidad de reformas políticas para impulsar la oferta y evitar un riesgo de burbuja a largo plazo.

EPISODIO 3 Régimen Regulatorio y Fiscal del Arrendamiento de Inmuebles.

Nos centramos en el exhaustivo marco regulatorio y fiscal que rige el arrendamiento de inmuebles, principalmente viviendas, en España. La discusión aborda la legislación clave, incluyendo el Código Civil, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y la reciente Ley de Vivienda de 2023, destacando los conceptos de zona tensionada y las limitaciones de renta para grandes y pequeños tenedores. Además, se examina la compleja tributación de las rentas inmobiliarias en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades, incluyendo el debate sobre si constituye una actividad económica y los regímenes especiales para vehículos de inversión como las SOCIMI. F

EPISODIO 2 Antes de firmar un alquiler temporal, escucha esto.

Analizamos el marco legal español que diferencia entre el arrendamiento de vivienda habitual y el arrendamiento de temporada, destacando que la distinción crucial reside en la finalidad objetiva del contrato y no en el nombre o plazo pactado. El objetivo principal de los arrendadores al usar contratos de temporada (Título III de la LAU) es evitar la duración mínima legal y las prórrogas forzosas de 5 a 7 años, así como exigir una fianza superior (dos mensualidades). Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que si la necesidad del inquilino es de residencia permanente, el contrato de temporada será recalificado como de vivienda habitual, considerándose fraude de ley con severas consecuencias para el arrendador. Para mitigar este riesgo de recalificación, se insiste en la prueba documental que justifique la temporalidad y, a partir de 2025, el cumplimiento del nuevo requisito administrativo del Número de Registro de Alquiler (NRA). Además, se señala el perjuicio fiscal de la simulación, ya que los contratos de temporada pierden la reducción del IRPF (60% al 90%) aplicable a la vivienda habitual.

EPISODIO 1 El Alquiler Urbano A Examen: Leyes 2024-2025.

Desahucios, Alquiler y Vivienda Turística: Un Análisis de la Normativa Actual Exploramos la compleja maquinaria procesal de los desahucios, distinguiendo entre los juicios verbales sumarios (por falta de pago o expiración del plazo) y los procesos plenarios de desahucio por precario, que resuelven plenamente el título posesorio. Analizamos la Ley de Vivienda 12/2023, que introduce medidas cruciales para la protección de la vivienda habitual, incluyendo la suspensión del lanzamiento para personas vulnerables y la imposición de requisitos adicionales a los grandes tenedores. Además, revisamos las regulaciones clave del arrendamiento de vivienda, como la ampliación de la duración obligatoria de los contratos (5 o 7 años) y la limitación de las garantías adicionales a dos mensualidades de renta. Finalmente, abordamos el régimen especial de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), excluidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y las normativas autonómicas (como la exigencia de licencia urbanística previa en zonas tensionadas de Cataluña o la Declaración Responsable en Andalucía), diseñadas para regular esta actividad económica y su impacto en el mercado residencial.